Qué exige la norma, y qué ocurre si no se cumple
El 24 de abril de 2024 el Departamento de Justicia adoptó WCAG 2.1 Nivel AA como norma técnica de accesibilidad para el contenido web y las aplicaciones móviles de las entidades estatales y locales, bajo el Título II de la ADA (28 CFR Part 35, Subpart H).
| Plazo | A quién aplica |
|---|---|
| 2027-04-26 | Entidades que sirven a una población total de 50.000 habitantes o más |
| 2028-04-26 | Entidades con menos de 50.000 habitantes, y todos los distritos especiales, con independencia de su tamaño |
«Población» significa la población de la jurisdicción a la que sirve, no su plantilla. Un distrito escolar regional que sirve a 12.000 residentes está en el plazo de 2028. Un distrito de aguas que sirve a 400.000 sigue siendo un distrito especial, y también está en 2028.
Por qué la corrección tarda más que el análisis
El motivo para empezar ahora no es que el plazo esté cerca. Es que encontrar los problemas lleva un minuto y corregirlos lleva meses: hay que presupuestarlo, coordinarlo con el proveedor del gestor de contenidos, y a veces cambiar de proveedor. Una entidad que descubra sus fallos en enero de 2028 no podrá corregirlos a tiempo.
Cualquiera puede presentar una queja, y no le cuesta nada
Un residente que no pueda usar su sitio web puede presentar una queja ante la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia sin coste alguno y sin abogado. El Departamento prioriza las quejas que afectan a poblaciones grandes o que muestran fallos sistémicos. Investiga, y habitualmente resuelve los casos mediante un acuerdo de cumplimiento voluntario que obliga a la entidad a un plan de corrección con calendario — más exigente y menos flexible que corregir los problemas a su propio ritmo.
Un residente también puede demandarle directamente, sin pasar antes por el Departamento de Justicia
El Título II otorga un derecho de acción privada. La persona afectada no tiene que presentar una queja administrativa ni agotar ningún procedimiento antes de acudir a un tribunal federal. Esta es la vía que las entidades públicas encuentran en la práctica, y es la razón por la que el plazo importa aunque el Departamento de Justicia tenga capacidad limitada de ejecución.
El resultado habitual es una orden judicial de corregirlo, más los honorarios de la otra parte
El remedio estándar es la tutela judicial: un tribunal ordena a la entidad adecuar el sitio, generalmente bajo un calendario supervisado. La parte demandante que gana también puede recuperar los honorarios de su abogado, que en la práctica es la mayor exposición económica para una entidad pequeña. Acaba pagando la corrección que de todos modos tendría que hacer, en el calendario de otro, más el abogado ajeno y el propio.
Puede haber indemnización, pero solo si se prueba discriminación intencionada
El Título II adopta los remedios de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, por lo que la indemnización compensatoria es posible — pero los tribunales exigen prueba de que la discriminación fue intencionada, normalmente formulada como indiferencia deliberada. Los daños punitivos no proceden contra entidades públicas. Un esfuerzo de corrección documentado y de buena fe es directamente relevante para ese estándar, lo cual es una razón práctica para dejar constancia de qué hizo y cuándo.
Aquí no hay sanciones civiles del Título III — ignore la cifra de 75.000 dólares
Verá que algunos proveedores citan sanciones civiles de 75.000 dólares por una primera infracción y 150.000 por las siguientes. Proceden del Título III de la ADA, que regula los establecimientos privados abiertos al público en acciones iniciadas por el Fiscal General. No se aplican a las entidades gubernamentales estatales y locales bajo el Título II. Si una oferta comercial empieza por esa cifra, o está mal informada o cuenta con que usted no lo compruebe.
La financiación federal es una palanca aparte
Si su entidad recibe ayuda financiera federal, la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación impone una obligación de accesibilidad paralela que aplica el organismo financiador. Es una exposición independiente de la norma del Título II, y para las entidades que dependen de subvenciones federales suele ser la más inmediata.
La norma tiene excepciones, y son más estrechas de lo que se espera
La norma excluye cierto contenido web archivado, algunos documentos electrónicos preexistentes, documentos individualizados protegidos por contraseña y contenido de terceros que usted no publica ni controla. Contrástelas con su propio sitio en lugar de suponer que su peor contenido encaja en alguna. En particular, el contenido prestado por un proveedor en su nombre sigue siendo generalmente su obligación: «de eso se encarga nuestro proveedor» es un requisito de contratación, no una defensa.
Lo que esto no es
Esta página es un resumen en lenguaje llano con fines informativos. No es asesoramiento jurídico, no crea una relación abogado-cliente y no sustituye a la lectura de la norma ni a la consulta con su propia asesoría. Las citas legales se ofrecen para que pueda verificarlas usted mismo.
Fuentes
- 28 CFR Parte 35, Subparte H — norma final del Departamento de Justicia, publicada el 24 de abril de 2024.
- Norma final provisional de prórroga de plazos, publicada el 20 de abril de 2026 (Registro Federal 2026-07663).
- 42 U.S.C. § 12133 — ejecución del Título II, que adopta los remedios de la Sección 505 de la Ley de Rehabilitación (29 U.S.C. § 794a).
- 42 U.S.C. § 12188(b)(2)(C) — sanciones civiles del Título III, que es de donde proceden las cifras de 75.000/150.000 dólares y por qué no aplican aquí.